el banco quiere saber si nuestra empresa tiene contratos con organismos públicos

Los contratos con administraciones públicas son un indicador en el estudio de la clientela

El banco no pregunta esto por curiosidad sobre su volumen de negocio, sino como parte del estudio de la clientela que es obligatorio conforme a la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (Wwft). Los contratos con administraciones públicas aumentan el riesgo de conflicto de intereses con personas políticamente relevantes —piense en un concejal que también está vinculado a su empresa, o un familiar de un responsable público en el consejo de administración. El banco debe evaluar ese riesgo antes de aceptarle como cliente o mantenerle, y los contratos públicos son una de las señales que comprueba de forma sistemática.

Esto suele estar relacionado con otra pregunta en la misma lista, a saber, si uno de los administradores o partes interesadas es una persona políticamente relevante. Si tiene contratos con administraciones públicas, el banco suele verificar con especial cuidado si existe tal persona en su estructura de administración o accionariado. Si no tiene contratos con administraciones públicas, entonces «no» es simplemente la respuesta fácticamente correcta aquí —no necesita explicar ni aclarar nada, a menos que el portal lo solicite específicamente. Si sí tiene contratos públicos, normalmente se plantea una pregunta de seguimiento sobre su naturaleza y alcance; ese documento de prueba (contrato, documento de licitación) lo tiene usted mismo, no forma parte de un expediente de cadena estándar.

Dónde procede esto: el estudio de la clientela de la Wwft

Esta pregunta dimana de la obligación de realizar un estudio de la clientela conforme a la Wwft, que obliga a los bancos a evaluar el perfil de riesgo de una relación comercial, incluidos los posibles vínculos con personas políticamente relevantes a través de contratos públicos. Esto es independiente de los datos ya públicos a través del Registro Mercantil —como quiénes son los beneficiarios últimos de la empresa — pues el banco quiere saber específicamente si una relación comercial con la administración pública comporta un riesgo elevado, no solo quién forma parte del consejo de administración.